***El legislador del CLET, Gregorio Briceño, recibió un pliego contentivo de las denuncias acerca de la situación que viven los empleados y obreros activos y jubilados de la Alcaldía de Valera, especialmente los que dependen del ente de salvamento y rescate.

Valera/Especial/CNP 9583

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Luego de un reciente encuentro entre trabajadores activos y jubilados de la Alcaldía Valera, con el parlamentario del Consejo Legislativo del estado Trujillo (CLET), Gregorio Briceño, salieron a relucir una serie de irregularidades que se vienen cometiendo en la municipalidad local, las cuales cuentan con la anuencia del gobernante José Karkom.

Así quedó establecido en la reunión  donde se ventilaron los problemas que afectan a la fuerza trabajadora de la municipalidad valerana, según lo expresó el legislador con preocupación, ante la desidia, la apatía, el desinterés y la negligencia del mandatario local, en resolver la situación que afecta al personal activo y jubilado.

En aquella oportunidad, los afectados enumeraron una serie de situaciones que les comprometen directamente en su bienestar familiar, quienes argumentan una serie de atropellos por parte del alcalde José Karkom y su entorno; así como la violación a los decretos de aumento de salario y del pago del bono de alimentación, emitidos por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, los cuales aún no se han cumplido.

“Este es un problema que hay que atacar con prontitud y hacer valer los derechos laborales de los empleados y obreros, que observan con preocupación cómo cada día se deteriora la economía familiar, ya que a pesar de los  esfuerzos que hace el Presidente Nicolás Maduro en mejorar los ingresos de los trabajadores, aquí -en Valera- el alcalde no se aboca a darle cumplimiento a los decretos presidenciales”, apreció el parlamentario.

Por su parte, los afectados enumeraron las situaciones que confrontan en su estabilidad laboral, ya que según los voceros de los trabajadores están siendo objeto de persecución y acoso laboral, por parte de los jefes inmediatos de algunas dependencias, citando específicamente el caso de Protección Civil, donde argumentan que abunda la “guerra psicológica, el hostigamiento y la corrupción”.

Hostigamiento laboral

Plantean el caso puntual de la administradora del organismo municipal, Martha Elena Guerrero Montilla, cuyo caso -con documentos en mano- fue denunciado por los servidores públicos que alegan un hecho doloso, por cuanto la citada funcionaria goza de un beneficio de pensión por invalidez del IVSS, que la inhabilita para desempeñar algún cargo público, además cobra por la Dirección de Educación del estado Trujillo, por haber prestado servicio en esa dependencia y ostenta el principal cargo administrativo en PC Valera.

A la vista está, -sostiene Briceño- estamos en presencia de un hecho de corrupción que debe ser investigado por los órganos de justicia, toda vez que no conforme con lo anterior, la citada administradora hostiga, persigue y somete al acoso laboral a sus subalternos en una constante guerra psicológica; como también denunciaron que no cuentan con equipos acordes puesto que las motosierras y otros equipos ya acusan deterioro, al igual que los uniformes de los funcionarios, los cuales ameritan ser renovados y aun así los siguen utilizando.

La situación no termina allí, puesto que los trabajadores activos y jubilados narraron al parlamentario un caso delicado, que tiene que ver con la revisión de las nóminas de la Alcaldía de Valera, pues aseguran que hay una lista paralela o fantasma que maneja el propio alcalde junto miembros de su entorno de confianza, situación que debe ser investigada porque eso lesiona  al patrimonio público y al personal que no recibe sus pagos a tiempo; al igual que el asunto del Instituto Autónomo Municipal del Deporte, donde ocurrió “un presunto desfalco que no ha sido aclarado por el gobernante local y que pica y se extiende”.

De acuerdo con el legislador regional, estas denuncias serán llevadas a las instancias correspondientes a los fines de que se investiguen a fondo y se establezcan responsabilidades, en caso de comprobarse la comisión de algún delito contra la cosa pública, “como contralores sociales estamos solicitando que se abra una averiguación, para determinar la veracidad de las denuncias”.

En cuanto al caso de los aumentos salariales y del bono de alimentación, el luchador social resaltó que solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo del estado Trujillo, de la Inspectoría del Trabajo y de la Asamblea Nacional, a través de los diputados revolucionarios Pedro Carreño y Diosdado Cabello, a los fines de que se busque a una solución al problema planteado por los trabajadores.

@GREGORIOJPSUV